Por un presupuesto nacional y provincial anti-recesivo, el pueblo no aguanta más ajuste.

Por Nicolás Guillén, sociólogo y presidente del PTP Mendoza

En tiempos de inflación insoportable, de salarios deprimidos que no rinden, venimos a proponer que se discuta en la legislatura provincial un Fondo de Emergencia para el Trabajo, la Producción y el Salario. Los recursos públicos, que salen de los bolsillos del pueblo, deben servir al pueblo, por eso exigimos un presupuesto anti-recesivo de las economías de las familias trabajadoras de la provincia. 

Baja de impuestos. Si bien el gobierno provincial hace gala de bajar impuestos, lo hace en ingresos brutos sin discriminar por segmentos, por lo que resultan mucho más beneficiados los grandes de la economía que el general de los mortales. Y lo que se requiere en tiempos de concentración económica es segmentar para contrarrestar dicho fenómeno. O sea,  hace falta una reducción de los impuestos que paga el pueblo trabajador, acompañado con un aumento a los impuestos a las grandes fortunas de la provincia, que las hay, y son las grandes invisibilizadas a la hora de contribuir. 

Por ej, el revalúo inmobiliario debe suspenderse a quienes tienen una sóla propiedad y cuentan con bajos ingresos (jubilados y desocupados, personas con discapacidad). También a la tierra rural menor a 25 has que está en producción alimentaria. Y aumentar los impuestos progresivamente a los propietarios de más de 10 inmuebles, o de grandes extensiones de tierras en estado prolongado de ociosidad.

Los presupuestos de los últimos años de Suárez han tenido dos rasgos muy definidos. Han sido el ajuste (de salarios en los empleados públicos y sub ejecutando la obra pública), y han dedicado un importante monto de recursos al incentivo de inversiones, con el Mendoza Activa. Dejó congelada la obra pública entre en 2020-2021, (destinó 8.000 millones) y puso 15.0000 millones en ese programa.

El Mendoza Activa. Es una especie de premio a los que van de fiesta sobre la cubierta del Titanic, usando los ahorros de los que están en el tercer subsuelo sin salvavidas y ahora con menos ahorros.  Dicho programa debe ser puesto de cabeza, dejando de premiar a las cúpulas empresariales. Terminemos con la fiesta de las 100 mayores empresas de la provincia, que pagan cada vez menos impuestos y sólo generan beneficios para el 1% de la población. Habría que redireccionar ese programa, mediante una segmentación tajante, dando prioridad a las pymes. Es inadmisible subsidiar, por ej, a las petroleras extranjeras, a grandes constructoras, o a grandes bodegas. También hay que terminar en el plano nacional con el dólar soja que transfiere recursos de todo al pueblo a los exportadores de soja. En cambio, es urgente ayudar a los pequeños productores del cordón hortícola, a la pymes alimenticias y demás rubros con impacto antiinflacionario de la provincia y el país. 

Necesitamos un presupuesto que contemple una reparación salarial urgente al personal docente y de la salud, que ha quedado muy abajo respecto a la inflación. ¿Es mucha plata la que hace falta? Entonces discutamos que el sistema financiero pague el doble de ingresos brutos: ahí está el dinero. 

Un fondo para el Trabajo, la Producción y para Obras en las zonas y rubros postergados. 

Una partida presupuestaria anti crisis debe ser la base para sacar a Mendoza de los magros índices productivos y sociales de hoy. Esto no es un gasto, sino una inversión para agrandar los circuitos productivos donde los principales beneficiarios sean los trabajadores y las pymes rurales e industriales. Si la pregunta es ¿de dónde sacar los fondos? La respuesta es que discutamos quiénes se apropian hoy del valor logrado con el trabajo socialmente realizado en la provincia. 

Primer objetivo: generar trabajo productivo. Como ordena el proyecto de Ley de Vivienda Única presentado en la Legislatura por el FdT, con un 2% del presupuesto, ($15.000M) se inicia la construcción de 3.000 viviendas; se inicia en forma inmediata el agregado de valor a lotes con servicios, con sistemas de construcción cooperativos, con compre local, con apertura de 100 pymes fabricantes de aberturas, ladrillos, etc. Esto podría incorporar 10.000 nuevos puestos de trabajo permanentes en la economía.

Segundo objetivo: Fondo Productivo, para levantar la producción hortícola, ganadera, lechera y avícola de la provincia, priorizando a las empresas pymes y de la economía cooperativa y popular, se necesita otro 2% ($15.000M). Es sabido que el Estado viene permitiendo, cuando no incentivando, la monopolización de las cadenas alimentarias, y eso está en la base de la inflación descontrolada que sufre el pueblo en estos tiempos. Sólo con políticas redistributivas, segmentadas, se puede al menos compensar los efectos de esa monopolización y concentración económica. Cada pyme nueva, o emprendimiento cooperativo de base popular, que le gane mercado a un monopolio, genera mayor equidad en la distribución del ingreso. Y eso también es parte de la lucha democrática de nuestro pueblo. Se beneficia a toda la población, porque es valor generado localmente, y que será reinvertido localmente, ampliando las oportunidades de crecimiento en la provincia. Una Empresa Provincial mixta de Alimentos puede ser impulsada con estos recursos. 

El tercer objetivo: otra prioridad deben ser obras de infraestructura educativa, y en las zonas postergadas, para generar trabajo y arraigo rural, como es el castigado sur (Malargüe y Alvear), el norte (Lavalle) y el Este (La Paz, Rivadavia, Junin). Si bien el presupuesto contempla el acueducto Monte Comán - La Horqueta, es completamente insuficiente en proporción a los recursos que la provincia podría destinar a esas reparaciones históricas. Es una aspirina para un paciente con 40 de fiebre. 

Estos planteos están muy lejos de ser considerados por el gobierno provincial. La lucha docente, del personal de la salud, de los movimientos populares por el trabajo, la de los productores de alimentos, seguirán siendo la oposición al ajuste en las calles de Mendoza, que a pesar de la pauta oficial que las busca ocultar, cada vez son más grandes y están más coordinadas. Y por estos días estarán articuladas con los representantes legislativos que hoy deben dar la batalla en el recinto legislativo para cambiar el carácter recesivo del actual proyecto de presupuesto oficialista.

A nivel nacional el panorama no es ejemplo a seguir, ya que el presupuesto manejado por Masa está subejecutando partidas 2022, lo que implica un tarifazo en los servicios esenciales -luz y agua-. En palabras de Arnoldo Gomez, dirigente nacional del PCR, “el presupuesto dijimos que estaba en línea con el acuerdo con el FMI, que lo preside la idea de que el déficit fiscal tiene que bajar del 2,5% al 1,9%. Estamos hablando de reducir 2.500 millones de dólares.… ¿Cómo se produce el achicamiento de gastos? Subestimando la inflación, porque el presupuesto dice que la inflación del 2023 va a ser del 60%, pero resulta que se promete un aumento de gastos del 72%. ¿De dónde saldría esto? No hay magia, no se aumentan los ingresos vía impuestos progresivos y se va a recaudar a partir de una inflación superior al 60% y se licúan los gastos. Impuesto a los más pobres. Como se lo ha hecho este año. Esta es la filosofía básica de este presupuesto.”

Ese no es el contenido de la políticas consensuadas en el FdT como base para ser una opción de desarrollo con inclusión social frente al ajuste macrista. Porque aunque no sean lo mismo en el grado y en los tiempos de aplicación, un ajuste con “mirada social”, un poco “más moderado”, lo único que hará será mejorar las condiciones para que luego se acelere ese ajuste. Es necesario romper decididamente con todas las ataduras a los poderes que no miran el bienestar nacional, sino negocios que están muy lejos del interés de los argentinos y argentinas. Hoy necesitamos unir al pueblo en torno a la exigencia de un presupuesto soberano que ayude a bajar la inflación por expansión de la economía con distribución equitativa, y no por recesión económica.