Los U$S1.023 millones son del pueblo.
Se cayó Portezuelo del Viento por el peso de lo evidente. No es viable por su diseño; quedó fuera de época.
El cambio climático trajo la caída drástica del caudal del río Grande y nos obliga a pensar diseños de diques menores y ampliar las fuentes de energías limpias; y la necesidad social nos obliga a pensar en el pueblo -empezando por los del sur- y no sólo en las ganancias de algunos pocos.
Lo que se cayó en realidad es un mal plan energético de ciertos sectores que insistirán por otros caminos para conseguir el mismo resultado: necesitan esa energía para grandes proyectos mineros y petroleros en la cordillera.
La polémica de fondo con estos sectores es qué prioridad tiene esa necesidad energética en el marco de la mayor crisis hídrica de la historia de la provincia. Crisis que no es -sólo- por el efecto invernadero mundial, sino que se explica en primer lugar por el resultado de decisiones gubernamentales de los últimos 40 años que llevaron a la concentración y elitización del agua en las zonas altas de las cuencas llevando a la agonía a las zonas bajas -Lavalle, el este, Alvear, etc-. En eso fueron muy parecidos los gobiernos desde Bordón en adelante.
Dar marcha atrás a ese achicamiento de nuestra matriz productiva es lo que debemos poner en el centro de todo análisis que pretenda generar fuentes de trabajo productivas.
Hoy la disyuntiva es resolver la urgencia del acceso al agua para vivir y trabajar, o destinar lo poco que nos queda a proyectos “salvadores” cerrados, con pocos actores, con pocos beneficios, con poco derrame.
El pueblo necesita agua para vivir. El poder ejecutivo debería llevar sus propuestas en forma inmediata a la legislatura, y de ahí hacia todas las instancias representativas de la vida cultural de las mendocinas/os para hacer un listado de qué obras son las más urgentes a resolver. De los 1023 millones de dólares una buena cantidad -500M- debería ser destinada a una reparación histórica a las zonas que se las dejó sin agua en el transcurso de las últimas 4 décadas para que recuperen su potencial productivo -el sur, el este, y el norte-, y otro tanto -los otros 500M- a modernizar el sistema de agua potable a toda la población presente y proyectada para los próximos 20 años. Irrigación tiene proyectos de modernización. Aysam también los tiene. Estos proyectos deben ser jerarquizados en asambleas vecinales y de regantes de toda la provincia. También deben ser convocados los Consejos Asesores de cada cuenca de río de la provincia.
El otro aspecto de este debate público es quién representa a quién en esta historia. Si bien Suarez fue elegido democraticamente por las mendocinas/os, cuando tiene que decidir algo importante convoca sólo al Consejo Empresario (los Vila, los Andreau, los Totero) que en realidad actúan como voceros y representantes de capitales extranjeros mineros para introducir en gran escala proyectos de explotación de cobre y demás minerales, ninguno pensado para el desarrollo local, sino que son parte de negocios mayores de alta rentabilidad y gran pasivo ambiental. Son los socios menores que despliegan la alfombra roja para que vengan los “grandes”, que hacen la militancia como “cara local” del negocio grande.
¿Es posible una inversión de esa millonada de dólares para contar con más y mejor agua para vivir y para trabajar? Claro que sí, pero deben ser escuchadas todas la voces. En diciembre de 2019 se escuchó con fuerza la voz popular que reaccionó defendiendo el agua. Ahora hace falta levantar las voces para un uso democrático y productivo del agua de las mendocinas/os.
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